LA MASONERÍA Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

A la hora de estudiar el papel de la masonería durante la guerra civil española, no cabe duda de que la dura represión llevada a cabo por los llamados nacionales contra los masones desde los primeros compases de la contienda, es lo que ha centrado la mayor parte de los trabajos publicados sobre este periodo. A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que ante el desarrollo desfavorable de la contienda, los propios masones hicieron desaparecer buena parte de la documentación más comprometedora, en las zonas leales al Gobierno de la República, intentando evitar en la medida de lo posible los efectos de la represión de los que se perfilaban como vencedores, tal y como la habían sufrido sus hermanos del territorio rebelde y de la que eran plenamente conscientes. Por supuesto, en las zonas sublevadas, las actividades masónicas cesaron tras la publicación del Bando de Guerra y de la toma efectiva del poder por parte de los protagonistas del alzamiento. A partir del 18 de julio de 1936 la masonería española sufrió una auténtica prueba de fuego, caracterizada por una encarnizada represión de todo lo concerniente a la masonería, tanto en las personas como en las ideas y símbolos, que superó en crueldad a todas las anteriores que se habían producido en la historia de España. Los militares rebeldes y buena parte de sus partidarios, entre los que destacaba la jerarquía eclesiástica, veían en la Orden del Gran Arquitecto del Universo, que era identificada plenamente con el régimen republicano, la personificación de todos los males de España y la causante, de innumerables crímenes contra la religión y la patria, que debían ser purgados de la forma más dura y sistemática posible, pues la masonería era el Enemigo y su exterminio significaba un servicio a España.
Por ello, en la zona nacional se produjo, dentro del ámbito de una represión generalizada que afectó a los partidos políticos republicanos y de izquierda y a las organizaciones obreras, una espiral de violencia antimasónica, que se tradujo en el allanamiento de las sedes de las logias, su asalto y saqueo, como sucedió con el local de la logia Turdetania de Córdoba, que fue incendiado, o con el magnífico templo de la logia Añaza de Santa Cruz de Tenerife, que se convirtió en sede de Falange. Tras los asaltos, se produjo la confiscación de la numerosa documentación que se encontraba en las logias y basándose en ella, fueron produciéndose las detenciones de masones activos y también las de algunos que llevaban largo tiempo sin relación con su logia o "durmientes". Se produjo en algunos casos, la ejecución casi inmediata de los detenidos, sin procedimiento legal alguno. Otros, tuvieron que soportar los rigores de la reclusión, hasta su juicio en los tribunales sumarísimos establecidos al efecto, que dictaron numerosas penas de muerte. Los que salvaron la vida, sufrieron durante muchos años cárcel o depuraciones, tras hacer públicas retractaciones de sus ideales. El sentimiento antimasónico en determinados sectores de la sociedad española, no era nada nuevo, pues la francmasonería había sido condenada prácticamente desde sus esporádicas apariciones en nuestro país a mediados del siglo XVIII, y especialmente durante los reinados de Carlos III y sobre todo de Fernando VII, cuando los tribunales del Santo Oficio aplicaron todos sus esfuerzos en la persecución de los masones, a los que en los primeros años sólo se les tenía como personas con una vida ética y social poco ortodoxas, pero a los que, tras la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia, se les considera como peligrosos revolucionarios, enemigos del Trono y del Altar. Tras el estallido de la sublevación militar, la fase organizada de persecución de la masonería, empezó con el primer decreto de Franco, comandante en Jefe de las Islas Canarias, contra las actividades masónicas, fechado el 15 de septiembre de 1936, en Santa Cruz de Tenerife. En él se declara a la Francmasonería y a otras asociaciones "clandestinas" como contrarias a la ley y se toman otras medidas, como el ordenar la quema de toda clase de piezas de identidad, recibos, correspondencia o emblemas empleados en las logias y la confiscación de los locales masónicos, a lo largo de los cinco artículos de que constaba. Se llegó a extremos tales como los contenidos en el decreto que el 21 de diciembre de 1938, que ordenaba la eliminación de todas las inscripciones o símbolos masónicos que pudieran ser juzgados como ofensivos para la Iglesia, especialmente en las lápidas de los cementerios de la zona nacional, en un plazo máximo de dos meses. La política represiva antimasónica continuó durante los años de la contienda y culminó el 1º de marzo de 1940, con la promulgación de la Ley de represión de la masonería , que otorgó el marco legal adecuado a la persecución. Con esta ley, que tuvo sus antecedentes en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, fueron declaradas ilegales todas las organizaciones masónicas y se les confiscaron sus bienes, condenándose a durísimas penas a cualquiera que hubiera pertenecido a la Orden. Los masones quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo público, llegando la depuración hasta extremos tales como el no poder formar parte de un "Tribunal de Honor" quien tuviera algún pariente masón hasta el segundo grado de consanguinidad.
En virtud del artículo 12 de la Ley de 1 de marzo de 1940, se creó el Tribunal Especial para la represión de la masonería y el comunismo, que quedó constituido, en primera instancia, por el Decreto de 4 de junio de 1940 y compuesto entre otros por Marcelino de Ulibarri y Eguilaz, Delegado Nacional del Servicio de Recuperación de Documentos y Consejero Nacional de F. E. y de las J.O.N.S., como Presidente y el general Borbón, Duque de Sevilla, como vocal. Por el Decreto de 31 de marzo de 1941, se constituyó definitivamente el Tribunal, presidido ahora por el Teniente General Saliquet y con Ulibarri como Vocal Ponente. El Tribunal, que extendía sus actividades incluso a los masones exiliados, hizo gala de una actuación rigurosa y minuciosa, prestando sus servicios hasta el 11 de febrero de 1964, fecha en la que se publicó el Decreto con las normas para su supresión, siendo reemplazado por el Tribunal de Orden Público.
El 1 de julio de 1941, se produjo una nueva campaña de expedientes depuradores que podían afectar a cualquier cargo o funcionario civil o militar, iniciada por una orden circular de la Presidencia del Gobierno, que no dejaba libre de sospecha a nadie que hubiera tenido alguna relación con la Orden, aunque se hubiese significado activamente por el Movimiento. Durante los primeros meses de la guerra, la tarea de recogida y recuperación de la documentación masónica se hizo de una manera desordenada y poco sistemática, tras el asalto de los locales masónicos. En la confusión de estos primeros días, las fuerzas militares sublevadas, con la ayuda inestimable de la Falange, guardia civil y de las guardias cívicas, integradas por elementos derechistas, se valieron de los documentos requisados, especialmente de los cuadros lógicos o estadillos de componentes de las logias, para proceder a la detención de los masones de sus respectivas localidades. A pesar de que la represión fue durísima, no puede decirse que se desarrollase de una forma coordinada, al menos en las primeras semanas del conflicto, sino que se encuadró en aquella serie de actuaciones que realizaron los sublevados, tendentes a asegurar el territorio y controlarlo, identificando y neutralizando a los desafectos al alzamiento, preparando el avance de las tropas en la "liberación" de nuevos territorios y sentando las premisas del nuevo estado nacional. Sin embargo, tras la confusión de las primeras semanas y una vez unificado el mando en la persona del general Franco, se sentaron las bases para hacer de la persecución de los masones algo eficaz, a través de la recogida, clasificación y estudio de la documentación masónica. A partir de abril de 1937, con la creación de la Oficina de Investigación y Propaganda, dependiente de la Secretaría General del Jefe del Estado, se dieron los primeros pasos en la tarea de recogida, análisis y catalogación de todo tipo de material de propaganda, en la zona ocupada y en la que faltaba por ocupar, de las organizaciones fieles a la República, entre las que destacaban las sociedades masónicas y similares. A finales de mayo de 1937 fue organizada la Delegación Nacional de Asuntos Especiales del gobierno de Burgos -la Secretaría Particular de Franco-, centrada especialmente en la recuperación de todo lo relacionado con las sectas, para identificar y perseguir a sus miembros. El carlista Marcelino de Ulibarri, amigo personal de Franco, fue nombrado Delegado de Asuntos Especiales y de la O.I.P.A. y pasó a ser en junio de 1937, cuando se organizó el Servicio de Recuperación de Documentos, su responsable. Este Servicio contaba con equipos estructurados militarmente que, al entrar en las poblaciones que a lo largo de las campañas militares iban "liberándose", recogían el material y la documentación de las logias y lo remitían a Salamanca, especialmente todo lo susceptible de ser utilizado para obtener antecedentes político-sociales, es decir, crear un fondo de datos de los enemigos del régimen, para facilitar su represión. En abril de 1938, con la estructuración del Servicio en la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, adscrita al Ministerio del Interior, Ulibarri fue nombrado Delegado. Su celo personal en la lucha contra la masonería, le llevó a elevar sus quejas, en diciembre de 1937 hasta el mismo Franco, pues consideraba que las diferentes autoridades militares y políticas de los sublevados no colaboraban lo suficiente en el combate contra los masones, instando al general a que ordenase la urgente remisión de todos los documentos, insignias, emblemas y demás objetos pertenecientes a sectas secretas, con las seguridades debidas y bajo inventario, a la Delegación Nacional de Servicios Especiales en Salamanca, intensificando las gestiones en este sentido, pues muchos de estos objetos y documentos se hallaban depositados en distintos centros militares, auditorías y archivos, e incluso en manos particulares, que los retenían con afán de coleccionismo. Sus gestiones fructificaron y un año después, el Servicio contaba con más de 5 millones de documentos masónicos.
Su labor perduró más allá del final de la guerra, constituyéndose delegaciones territoriales en las principales localidades de la zona republicana. Ulibarri se mantuvo en este puesto hasta 1944, año en que se unificaron los diferentes servicios bajo la denominación de Delegación Nacional de Servicios Documentales, dependiente de la Presidencia del Gobierno. Durante estos años se consiguió reunir un enorme fondo documental que fue la base de la posterior depuración de todo lo relacionado con la masonería en España, facilitando la labor represiva tanto de los tribunales militares, como de las comisiones de depuración y especialmente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
Las 80.000 fichas personales de supuestos masones archivadas en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca y el halo de oscuridad, miedo e ignorancia que rodeó todo lo concerniente a la masonería durante los años del régimen franquista, son una buena muestra del espíritu de cruzada antimasónica que imperó en España hasta el restablecimiento de las libertades democráticas. Es difícil de establecer el balance cuantitativo de víctimas de la represión contra la masonería, aunque se puede destacar el hecho de que según el informe de la Asamblea Anual del Gran Oriente Español celebrada en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1937, todos los masones que no habían podido huir de la zona franquista habían sido asesinados
Incluso un masón tan significativo como el diputado socialista por Badajoz Juan Simeón Vidarte, baraja la cifra de 6000 masones muertos durante la guerra,
Según el profesor Ferrer Benimeli, de la logia Constancia nº 16 de Zaragoza fueron asesinados 30 masones, entre ellos un masón alicantino, residente en la capital aragonesa, Eduardo Dagnino Chambó, fusilado el 3 de agosto de 1936, a los 42 años de edad, dejando cuatro hijos. Este masón provenía de una familia con gran relación con la masonería alicantina, pues sus padres, el médico Juan Dagnino Garrigós y Petra Chambó Vargas, así como sus abuelos maternos, Carlos Chambó y la escritora Mercedes Vargas, Juana de Arco, fueron destacados miembros de la logia Constante Alona 8 y 3 de la capital alicantina en las décadas de 1880 y 1890. En Huesca, del Triángulo Joaquín Costa , hay datos sobre el asesinato de 7 de sus miembros, siendo exterminados no sólo la casi totalidad de los masones aragoneses, sino incluso muchos otros que fueron acusados de serlo y en realidad nunca habían pertenecido a la Orden. De la logia Helmantia de Salamanca fueron fusilados 30 masones, los mismos que en Valladolid, incluido el Gobernador Civil; de la logia Trafalgar de Algeciras cayeron 24 de sus componentes, así como todos los masones de Zamora, Melilla, Tetuán... o muchos de los de Cádiz, La Coruña, Lugo, Vigo, Ceuta, Logroño, La Línea, Burgos...etc.
Sevilla, sede de la Gran Logia Regional del Mediodía de España, y uno de los más sólidos bastiones de la masonería española, gracias a figuras como Diego Martínez Barrio o Demófilo de Buen, fue la primera ciudad de la península en la que se proclamó el estado de Guerra el 18 de julio. Una vez sometida la ciudad y la provincia, fueron fusilados muchos masones, relevantes sobre todo por los cargos que ocupaban, como el alcalde Hermoso, el presidente de la Diputación, Puelles de los Santos, Fermín de Zayas, Gran Maestre de la Regional y su hijo Fermín de Zayas Madera, Secretario de este alto organismo masónico, o el líder del andalucismo, Blas Infante, así como otros destacados personajes de la vida pública sevillana, que no opusieron resistencia al alzamiento, pero a los que su condición de masones significó un agravante decisivo que les condujo a la muerte. Lo mismo sucedió en localidades como Ecija, Utrera, Carmona, Alcalá de Guadaira o Lora del Río.
En Huelva y su provincia, que contaban con unos 350 masones activos o durmientes al estallar la guerra, ellos fueron asesinados en la represión inicial, a finales de julio y principios de agosto de 1936. En marzo de 1937 se produjo un proceso generalizado de abjuraciones ante el arzobispado de Sevilla y a partir de octubre comenzó la redada definitiva, siendo de nuevo detenidos muchos masones hasta que a partir de 1941, fueron juzgados por el Tribunal Especial y condenados, lo que afectó incluso los que se sumaron al Movimiento plenamente identificados con él.
En Granada, podemos poner el ejemplo de la logia Alhambra nº 39, con unos 50 miembros activos en 1936, de los que fueron fusilados
Hay que destacar que un grupo de masones granadinos, detenidos en Víznar bajo las órdenes del falangista comandante Nestares, tuvieron la triste tarea de enterrar a los fusilados en esta localidad, entre los que se encontraban algunos de sus hermanos de logia.
El 22 de septiembre de 1936, el diario madrileño La Voz de Madrid, publicó una crónica, reproducida al dia siguiente por el ABC , en la que se habla de los fusilamientos en masa en Granada de miembros del Frente Popular y de masones, relatando que : "...los facciosos se apoderaron de los ficheros de las dos logias masónicas que existían en la capital e hicieron prender a todos los masones, sin distinción de clases, pues había muchos hermanos pertenecientes a la mesocracia y ajenos a toda política y otros que "dormían" desde hace tiempo. En camiones los trasladaron al vecino pueblo de Víznar, donde fusilaron a los venerables. Después de tener encarcelados durante varios dias a todos los demás, los condujeron al campo y les obligaron a cavar sus propias sepulturas. Tan pronto como terminaban eran muertos a tiros. Parece que los tuvieron encerrados en Víznar porque los facciosos tenían el propósito de organizar un acto de fe a la antigua usanza, llevando en procesión a los masones con sambenitos y corazas por las calles de Granada; pero a última hora desistieron, temiendo que los extranjeros que aún hay en los hoteles de la Alhambra diesen publicidad a la salvajada."
La represión en Córdoba alcanzó a unos 25 masones, entre la capital y pueblos como Palma del Río o Lucena, localidad donde todos los miembros del triángulo Isis Lucentino que fueron capturados, fueron fusilados. De entre los represaliados cabe destacar la figura del doctor Sadí de Buen Lozano, eminente epidemiólogo de renombre internacional y hermano del alto dirigente masónico Demófilo de Buen. Por razones de su cargo de Inspector General de los Hospitales de la Cruz Roja se encontraba de paso en Córdoba el 18 de julio, siendo detenido. Fue acusado de ser masón y fusilado a principios de septiembre de 1936.
Muchos son los ejemplos de masones asesinados durante la Guerra Civil; un porcentaje elevado de los masones existentes en España en 1936 sufrió de una u otra manera las consecuencias de la guerra, pagando unos con su vida, y otros con largos años de cárcel o con depuraciones, denuncias, multas y castigos su pertenencia a la Orden. Los que pudieron escapar a la violencia antimasónica, no tuvieron otra opción que el duro camino del exilio, pasando primero por los campos de concentración en Francia o el Norte de África y luego por la ocupación alemana, excepto los más afortunados, que pudieron iniciar una nueva vida en Méjico, Argentina y otros países americano. Pero no se puede olvidar que una vez pasados los primeros momentos de confusión, la maquinaria represiva vio siempre a la masonería como uno de sus principales objetivos y esta institución se convirtió en un tema obsesivamente recurrente para Franco y para el franquismo, prácticamente hasta el último discurso del general en la Plaza de Oriente, unas semanas antes de su fallecimiento.
También encontramos casos de masones que colaboraron con los sublevados, en la mayoría de las ocasiones para salvar la vida y pasando por una pública retractación, pero hubo otros que lo hicieron por estar plenamente identificados con los postulados de la rebelión, adhiriéndose incondicionalmente a la nueva causa y empuñando las armas en su defensa. No hay que olvidar que muchos masones pertenecían a estratos acomodados y políticamente eran de ideología moderada, muy alejada de los postulados revolucionarios, aunque esto no les sirvió posteriormente de mucho, cuando se enfrentaron al Tribunal Especial, que los condenó o inhabilitó, a pesar de su retractación y de los servicios prestados. Incluso se dieron circunstancias como las de dos masones de Constantina, en Sevilla, o de algunos antiguos masones de Motril, que fueron víctimas de la represión revolucionaria por estar ligados a la oligarquía local o ser militantes de organizaciones derechistas. En Valencia aparece el caso del antiguo masón y destacado dirigente del PURA, Juan Calot Sanz, Presidente de la Diputación Provincial durante varios años, que fue asesinado en los primeros dias de la guerra. En la prensa valenciana aparecen reflejadas en diversos momentos noticias sobre la represión de los miembros de la Orden en la España sublevada. representan un valioso documento sobre el clima existente respecto a la persecución de los masones. El 6 de octubre de 1936 aparece publicado, con el título de "Peores que Fernando VII. Los masones de Granada" , un relato sobre la represión de los miembros de la Orden en aquella ciudad, firmado por el prestigioso periodista y diputado republicano Roberto Castrovido, que pertenecía a la logia Ibérica nº 7 de Madrid, y del que podemos entresacar lo siguiente: "Desde los primeros años del siglo pasado han trabajado logias masónicas en Granada. ...Granada y Cádiz son merecedoras de adicionar a sus escudos el triángulo simbólico. ...Los rebeldes, a quienes aplicamos con acierto en nombre genérico de fascistas, han asaltado varios talleres masónicos y a aprendices y maestros les han fusilado después de obligarles a cavar sus sepulturas. En tiempo de Fernando VII se procedió por dos veces contra los masones de Granada. El mismo año del suplicio a Cayetano Ripoll... se ahorcó en Granada a los masones aprehendidos en sus templos y llevados a la cárcel y a los dos días al campo de la ejecución con los mandiles puestos y con las espadas simbólicas en la mano. En junio de 1827 fue descubierta otra logia y apresados los masones... Se les condenó también a muerte, mas el rey les perdonó la vida. Ciento nueve años después del perdón otorgado por el inhumano Fernando de Borbón, se mató en la misma Granada a Francmasones, reos de un delito religioso... no se preveía - y ello es muy natural - que en 1936 hubiera españoles todavía peores que la canalla fanática de 1827, capaces de dar muerte a masones, rematar hermanos de los indultados por Fernando VII, superior a la tropa rebelde en sentimientos y en el don de hacerse cargo del pésimo efecto que la ejecución de masones causó en el mundo liberal y civilizado.
Unos meses después, se habla, bajo el título de "Los crímenes de los fascistas. Más de once mil fusilamientos en Sevilla" que entre los asesinados en la capital andaluza figuraban hombres sin filiación política, citando en caso de Piqueras y García de Leániz, fusilado por pertenecer a la masonería y debido a la presión constante de los jesuitas sobre Queipo de Llano.
En septiembre de 1937, se publicó el relato de un evadido de Zaragoza, titulado "Los que vuelven del infierno", en el que se habla de la represión en la capital aragonesa, señalando que: " ... todavía con más saña, más alevosamente se persiguió a los masones. La detención de un masón equivalía al fusilamiento en breves horas. De los hombres de izquierda detenidos pudo salvarse alguno; de los masones encarcelados ninguno.
En una fecha tan tardía como el 21 de octubre de 1937, aparece la noticia de la reciente ejecución de nada menos que 80 masones en Málaga, ciudad que había caído en manos de los sublevados a principios de febrero. la forma de la ejecución -la horca-, pero es sintomática del clima que se vivía en aquellos momentos. El texto, fechado en Gibraltar el 21 de octubre dice así: " El pasado día 19, la cárcel de Málaga fue testigo de la crueldad del fascismo instalado en la España rebelde. En el patio fueron levantados seis patíbulos en los que se ahorcó a ochenta personas por el "delito" de pertenecer a la Masonería. Entre ellas se cuentan Guiote, López -de la firma López Hnos.- Márquez Anglada y Atilano Cerezo. Tal acto de barbarie se achaca a la presión del cardenal Segura. Con él ha querido celebrar, sin duda, su elevación a Primado.